Noviembre 5, 2022
Hoy, hace ciento cincuenta años, las mujeres estadounidenses acudieron a votar en las elecciones presidenciales, ejerciendo su derecho a opinar en su gobierno al elegir al candidato demócrata Horace Greeley o al titular republicano Ulysses S. Grant.
Excepto que no tenían ese derecho explícitamente. Lo estaban reclamando.
Después de la Guerra Civil, los legisladores discutieron cómo sería una nación recién reconstruida y quién decidiría sus parámetros. Las mujeres que habían trabajado por la supervivencia del gobierno de los Estados Unidos, le habían dado a sus hijos y esposos, habían invertido su dinero en él, lo habían cuidado y, a veces, luchado por él, creían que habían demostrado su derecho a opinar sobre él. Cuando el Congreso comenzó a discutir la Decimocuarta Enmienda, anulando la decisión Dred Scott de 1857 de la Corte Suprema que negaba que los estadounidenses Afroamericanos pudieran ser ciudadanos y protegía a los estadounidenses Afroamericanos de las leyes racialmente discriminatorias en el Sur, las sufragistas exigieron que su ciudadanía se incluyera en esa enmienda constitucional.
En cambio, la Decimocuarta Enmienda incluyó la palabra “masculino” en la Constitución por primera vez. La enmienda especificó que protegía el derecho de los hombres, no de las mujeres, a votar con su intento de presionar a los estados para que permitieran el sufragio masculino negro al amenazar con reducir la representación en el Congreso de cualquier estado que mantuviera a un número significativo de hombres fuera de las urnas. Estableció que “cuando se niegue el derecho al voto… a cualquiera de los habitantes varones de [un] estado, de veintiún años de edad, y ciudadanos de los Estados Unidos…, la base de representación en el mismo se reducirá [proporcionalmente].”
Indignadas por haber sido excluidas, las sufragistas pusieron su mirada en la Decimoquinta Enmienda, que protege el derecho al voto. Pero cuando el Congreso la aprobó y la envió a los estados para su ratificación en 1870, la enmienda no decía nada sobre el sufragio femenino. De hecho, evitó claramente la palabra “sexo” cuando estableció que “el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado ni restringido por los Estados Unidos ni por ningún estado por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre."
Hartas de tratar de obtener sus derechos a través de los legisladores, en 1872, las sufragistas tomaron el asunto en sus propias manos. Decidieron votar en la elección presidencial, argumentando que la Decimocuarta Enmienda reconocía su ciudadanía en virtud de su primera sección, que decía: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen”. Nacieron en Estados Unidos, señalaron, y por tanto, según la Decimocuarta Enmienda, eran ciudadanos.
En Rochester, Nueva York, la sufragista Susan B. Anthony llevó a un grupo de mujeres a las urnas en noviembre y votó con éxito por Grant. Pero Anthony ya era famosa por su larga carrera como reformadora, lo que la convertía en una figura perfecta para que los funcionarios la usaran como ejemplo. Tres semanas después de las elecciones, las autoridades la arrestaron por fraude electoral. Ella no pudo testificar en su propio juicio y el juez escribió su opinión antes de que comenzara, ordenando al jurado que la declarara culpable. Anthony recibió una multa de 100 dólares, pero se negó a pagarla y, en cambio, participó en una gira de conferencias por Nueva York en la que declaró: “Este gobierno no es… una república. Es una aristocracia odiosa; una odiosa oligarquía del sexo…”
El caso de Anthony acaparó los titulares, pero fue la historia de Virginia Minor la que cambiaría los próximos cien años de nuestra historia. Minor fue sufragista en St. Louis, Missouri. Ella y su esposo, Francis, habían sido fundamentales para desarrollar y publicitar la idea de que las mujeres tenían derecho a votar según la Decimocuarta Enmienda y que deberían forzar ese tema en 1872 presentándose en las urnas.
El 15 de octubre de 1872, Minor intentó registrarse para votar en su distrito de St. Louis, pero la registradora, Reese Happersett, se negó a inscribirla alegando que era mujer. El esposo de Virginia demandó —como mujer casada que no tenía derecho a demandar por su propia cuenta— y el caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El 29 de marzo de 1875, el tribunal dictó la decisión Minor v. Happersett.
“No hay duda de que las mujeres pueden ser ciudadanas”, dijo, pero continuó diciendo que la ciudadanía no implicaba necesariamente el derecho al voto. “[L]as constituciones y leyes de varios Estados que encomiendan esa importante tarea a los hombres únicamente no son necesariamente nulas”, escribió.
Según la Corte Suprema, los gobiernos estatales, elegidos por hombres blancos, podían discriminar a sus ciudadanos siempre que esa discriminación no fuera por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre.
Al año siguiente, los supremacistas blancos tomarían el control del sur con el argumento de que los hombres negros no deberían votar porque eran pobres y votarían por legisladores que prometieran caminos, escuelas y hospitales que solo se podrían pagar con gravámenes fiscales a los hombres blancos. Dichas reglas se acumularon hasta que en 1890, Mississippi codificó este sistema estatal al implementar una nueva constitución que limitaba el voto a los hombres blancos al imponer requisitos de educación para ser juzgados por funcionarios blancos, falta de antecedentes penales y prueba de pago de impuestos. Pronto, las constituciones estatales de todo el país limitaron la votación con todo tipo de requisitos que excluían a los Afroamericanos por motivos distintos a la raza.
En 1920, la Decimonovena Enmienda a la Constitución, que establecía que “el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado ni limitado por los Estados Unidos ni por ningún Estado por motivos de sexo” anuló Minor v. Happersett sobre el tema. del sufragio femenino. Pero la Corte Suprema continuó usando sus pautas para otras restricciones hasta la década de 1960, confirmando las pruebas de alfabetización, los impuestos electorales y otras reglas diseñadas para evitar que los negros voten.
Finalmente, en 1966, casi 100 años después de la demanda de Virginia Minor, la Corte Suprema decidió que votar era un derecho fundamental protegido por la Decimocuarta Enmienda.
Y 50 años más tarde, y 150 años después de que Anthony emitiera su voto, aquellos de nosotros que no hemos sido privados del derecho al voto por una u otra de las medidas que los estados están imponiendo ahora a sus votantes podemos ejercer ese derecho y determinar qué nuestra nación se vera, una vez más.
Translated by: M. Sanchez
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Notes:
https://www.nps.gov/jeff/learn/historyculture/the-virginia-minor-case.htm
Richard Briffault, “The Contested Right to Vote,” Michigan Law Review, 100 (2002): 1521-1522.